Sobre la acusación constitucional en contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, el abogado defensor de la autoridad regional, Francisco Cox, conversó este viernes 16 de mayo en Mesa Central con Iván Valenzuela.
Sobre la acusación constitucional en contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, el abogado defensor de la autoridad regional, Francisco Cox, conversó este viernes 16 de mayo en Mesa Central con Iván Valenzuela.
Sobre la acusación constitucional en contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, el abogado defensor de la autoridad regional, Francisco Cox, conversó este viernes 16 de mayo en Mesa Central con Iván Valenzuela.
Para iniciar la conversación, el abogado abordó la acusación constitucional explicando que “esta es de las que me ha tocado, la que me parece que carece de todo fundamento fáctico y jurídico. En primer lugar, la constitución hace una diferenciación con los ministros para las acusaciones constitucionales causales y, respecto de los delegados presidenciales, indica la constitución, que se tiene que producir una infracción constitucional, excluye como causal una infracción a la ley o al abandono de las leyes”.
Respecto a los que señala el libelo acusatorio, el abogado afirmó que “lo que omite la acusación constitucional es que el 1 de abril, con la dictación y la creación del Ministerio de Seguridad Pública se modifican las atribuciones del Delegado Presidencial y no está dentro de sus atribuciones velar por el orden público".
En ese sentido, Cox detalló que “aquí no hay infracción constitucional porque no está dentro de las atribuciones del delegado presidencial velar por el orden público desde el 1 de abril de 2025. Eso es lo que a uno le frustra, a uno como abogado que litiga le gusta debatir, pero tiene un marco regulatorio, una cancha. Acá lo que parece ser es que la cancha pasa a ser irrelevante. Los estándares que se fija el constituyente y que debiesen limitar las atribuciones de la Cámara de Diputados, parece que se ignoran por un arrebato político de intentar darle un golpe al Gobierno, en lugar de ver cómo funciona la institucionalidad y que se respete. Cuando se trivializan las acusaciones constitucionales empezamos a tener un despeñadero”.
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