El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. declaró ilegales la mayoría de los gravámenes del presidente Donald Trump, decisión que podría complicar su plan de reordenar el comercio global, reducir ingresos fiscales y generar dudas en el sector privado.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. declaró ilegales la mayoría de los gravámenes del presidente Donald Trump, decisión que podría complicar su plan de reordenar el comercio global, reducir ingresos fiscales y generar dudas en el sector privado.
El fallo judicial contra los aranceles impuestos por Donald Trump amenaza con debilitar sus intentos de rediseñar el orden comercial internacional, al cortar una importante fuente de recursos para el gobierno y dejar a las empresas luchando por obtener claridad frente al nuevo escenario.
La resolución, aprobada por siete votos a favor y cuatro en contra, alcanza tanto a los aranceles “recíprocos” aplicados a varios países como a los gravámenes dirigidos específicamente contra China, México y Canadá.
Según consigna Axios, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU. descartó que estas medidas pudieran justificarse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, señalando que son “inválidos por ser contrarios a la ley”.
Aunque la decisión entrará en vigencia el 14 de octubre, el gobierno aún tiene la posibilidad de pedir a la Corte Suprema una revisión. Trump había defendido los aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que permite al presidente actuar frente a amenazas “inusuales y extraordinarias”.
Con ese argumento, el mandatario declaró emergencia nacional comercial, asegurando que los desequilibrios en el comercio exterior dañaban la seguridad del país. No obstante, el tribunal sostuvo que los aranceles no forman parte de las atribuciones del Ejecutivo, sino que son de “facultad esencial del Congreso”.
El fallo, de 127 páginas, precisa que la IEEPA “no menciona aranceles (tampoco sinónimos) ni contiene garantías procesales que limiten claramente la facultad del presidente para imponerlos”. Por lo tanto, el poder de fijar impuestos y tarifas reside en el parlamento.
La corte además subrayó que es poco probable que, al aprobar la norma en 1977, el Congreso hubiese querido “desviarse de su práctica anterior y otorgar al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles”.
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