Este miércoles, diputados de Renovación Nacional presentaron un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento de expropiación de la megatoma de San Antonio impulsado por el Gobierno. Parlamentarios sostienen que “vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues convierte al propietario afectado en el único agente obligado a soportar el costo de la ocupación irregular”
Este miércoles, diputados de Renovación Nacional presentaron un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento de expropiación de la megatoma de San Antonio impulsado por el Gobierno. Parlamentarios sostienen que “vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues convierte al propietario afectado en el único agente obligado a soportar el costo de la ocupación irregular”
Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, Frank Sauerbaum, Carla Morales y Andrés Celis, ingresaron un requerimiento a la Contraloría para evaluar la legalidad de la orden del Gobierno de expropiar parte del terreno ocupado en la toma de San Antonio, con el fin de dar una solución habitacional a sus ocupantes.
Esto ocurre después de que el Ministerio de Vivienda confirmara este martes la expropiación de 100 de las 215 hectáreas que conforman el predio, donde actualmente habitan más de 10 mil personas, para desarrollar un proyecto inmobiliario de vivienda social.
Los diputados de oposición le presentaron la solicitud a la contralora Dorothy Pérez para que dictamine "acerca de la legalidad de la utilización de procedimientos expropiatorios para sustraer del patrimonio de su titular inmuebles objeto de usurpación u ocupación y cuyo desalojo se hubiere determinado para resolución judicial firme y ejecutoriada".
En el requerimiento, los diputados argumentan que la toma ha provocado un "conjunto amplio de situaciones no deseables que afectan profundamente la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio y de sus comunas aledañas".
Por este motivo, sostienen que la expropiación en este contexto "vulnera también el principio constitucional de igualdad ante la ley, pues convierte al propietario afectado en el único agente obligado a soportar el costo de la ocupación irregular, mientras que los ocupantes ven transformada su conducta al margen del derecho en un acto beneficioso".