Miércoles 06 de agosto: Un nuevo informe de la Contraloría General de la República detectó a unos 13 mil funcionarios públicos que, estando con licencia médica, tuvieron ánimo y recursos para ir a casinos de juego en todo el país.
Miércoles 06 de agosto: Un nuevo informe de la Contraloría General de la República detectó a unos 13 mil funcionarios públicos que, estando con licencia médica, tuvieron ánimo y recursos para ir a casinos de juego en todo el país.
Miércoles 06 de agosto: El mundo vive 24 horas que debieran ser de recogimiento. En efecto, en Hiroshima, se ha conmemorado con pesar, pero también con preocupación por el estado de las cosas, los 80 años del lanzamiento de la primera bomba atómica de guerra, usada sobre población humana. El hito, que cambió al mundo para siempre, llega cuando han resurgido tensiones entre potencias nucleares a pesar de los años de relativa paz que la globalización había prometido.
El mundo vuelve a cambiar y lo vemos ya no por televisión sino a través del acelerado lente de las redes sociales. El destacado columnista del New York Times, Thomas Friedman, lo ha puesto en tono grave pero severo: el país que conocimos se ha ido, una durísima columna que fustiga a Donald Trump por el despido de la encargada del equivalente del Instituto Nacional de Estadísticas en Estados Unidos la semana pasada y por la obsecuencia de sus principales funcionarios por la ira de la administración porque los datos de empleo no le gustaron al jefe.
En fin. Hay otra clase de vergüenzas. La familia de Valentina Correa, la hija de un hombre asesinado por un sicario por querer recuperar un terreno en Quilpué que había sido tomado por criminales, vive una doble ignominia. Ayer, Correa publicó una carta pública reclamando que el Estado no ha cumplido, durante un año, el fallo que lo obliga a demoler lo que se ha erigido ilegalmente en esos terrenos para que sean devueltos a sus dueños. La afrentas es doble porque ayer el Serviu de Valparaíso ha respondido que, por respeto a los derechos humanos de quienes están en situación irregular, estos deben ser desalojados antes de demoler, y que ese desalojo debe ser pedido y ejecutado por los dueños del terreno. Una respuesta nefanda, vergonzosa, que debiera tener en los superiores nacionales del organismo una reacción. Que el Estado pretenda traspasar a las víctimas la responsabilidad de poner las cosas en su lugar es no sólo un síntoma hostil y de desidia por quienes defienden sus derechos, es además una deriva peligrosa.
Le va mejor a la Contraloría General de la República, que ahora detecta a unos 13 mil funcionarios públicos que, estando con licencia médica, tuvieron ánimo y recursos para ir a casinos de juego en todo el país. Esto, en el periodo 2023-2024.