Sobre la decisión del Presidente Gabriel Boric de publicar los test de drogas a los que se sometió, las órdenes del Consejo para la Transparencia en materia de licencias médicas y su rol frente a la desinformación en las campañas electorales, la presidenta del organismo, Natalia González, conversó este martes 12 de agosto en Mesa Central con Iván Valenzuela.
Sobre la decisión del Presidente Gabriel Boric de publicar los test de drogas a los que se sometió, las órdenes del Consejo para la Transparencia en materia de licencias médicas y su rol frente a la desinformación en las campañas electorales, la presidenta del organismo, Natalia González, conversó este martes 12 de agosto en Mesa Central con Iván Valenzuela.
Sobre la decisión del Presidente Gabriel Boric de publicar los test de drogas a los que se sometió, las órdenes que han emitido en materia de licencias médicas y el rol del organismo frente a la desinformación en las campañas electorales, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, conversó este martes 12 de agosto en Mesa Central con Iván Valenzuela.
Respecto a la publicación de los test de drogas del Presidente Boric, González comenzó afirmando que “me parece correcto, desde el punto de vista que es el mismo el que pone a disposición estos antecedentes. Él tiene derechos como paciente y derecho a la protección de los datos de la vida privada, que para alzarlos tu requerirías al menos de una ley especifica que permita la comunicación de esos datos. Ese marco legal hoy día para los funcionarios públicos no existe. Lo que existe es la posibilidad de hacer el test de drogas. Y digo funcionarios públicos del Ejecutivo, porque en el caso del parlamento se dictó un reglamento hace un tiempo atrás de la Cámara de Diputados, y ese reglamento habilita a realizar un test específico de drogas, que es el test de pelo, y además habla que los resultados de esos test van a ser públicos”.
Acerca de la solicitud de la oposición para que se publiquen los test de drogas de los ministros de Estado y si es una “presión legítima”, la presidenta del CPLT planteó que "la posibilidad de que esos test sean conocidos con la voluntad de quien se hizo el test, es decir, que lo pone a disposición de la ciudadanía, eso es deseable. Distinto es que tú digas que esto es exigible, aunque usted no quiera ponerlo a disposición”.
En cuanto a la orden del Consejo para la Transparencia a la Superintendencia de Seguridad Social para que se entregue información sobre los médicos que más licencias emitieron en 2022, 2023 y 2024, la presidenta de la instancia sostuvo que “más que apuntar hacia los funcionarios, se apuntó hacia, por así decirlo, la oferta, no la demanda, hacia los médicos que otorgan licencias médicas. Y no a cualquier médico, sino que los grandes emisores. Hay estudios bien interesantes a nivel universitario, a mí me tocó estar la semana pasada la Universidad Andrés Bello en un desayuno donde se presentó un estudio de esta naturaleza, del efecto en el fondo de las licencias médicas, tanto en la oferta y en la demanda que ocurría. Y ahí es bien impresionante, porque el mercado, lo voy a llamar así, de personas que otorgan licencias médicas de manera indebida, ya sea por intercambios económicos, dinero, presiones de los propios pacientes, es un mercado bien concentrado. Y ahí, por ejemplo, algunos datos, pero el 1% de los doctores explica el 20% de las licencias médicas, y los altos emisores explican más del 50% de las licencias médicas”.
Consultada por el rol del organismo ante la desinformación en la campaña electoral, la abogada planteó que “más que eso, lo que estamos haciendo hoy día, de carácter interno y para estar informados, es ver qué es lo que ocurre a nivel comparado con esto. Cómo se ha tratado esto en otros países. El tema de las campañas, que eventualmente puedan inducir a error, inducir a engaño a los electores, es más propio del Servel, eventualmente, que nuestro, pero sí nos interesa, dado que a nosotros sí nos importa que la información que circula, sobre todo desde los partidos políticos, desde las entidades públicas, sea información veraz. Y entonces estamos revisando qué es lo que hay, porque aquí también hay que tener harto cuidado y ser bien delicados con el derecho a la libertad de expresión, cuánto eventualmente tú, por la vía regulatoria, podrías terminar limitando o hasta censurando expresiones, o cuánto más bien hay que abrir la oferta e informar a la ciudadanía, para que no solamente se informe respecto de una fuente, sino que pueda chequear esa información y compararla”.
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