Sobre las nuevas aristas judiciales que vinculan a la exministra Ángela Vivanco con el consorcio Belaz-Movitec; y la sorpresiva paralización del proyecto de Sala Cuna Universal en el Congreso, Angélica Bulnes conversó con las editoras Andrea Vial y Paula Comandari en un nuevo Rat Pack de Mesa Central.
Sobre las nuevas aristas judiciales que vinculan a la exministra Ángela Vivanco con el consorcio Belaz-Movitec; y la sorpresiva paralización del proyecto de Sala Cuna Universal en el Congreso, Angélica Bulnes conversó con las editoras Andrea Vial y Paula Comandari en un nuevo Rat Pack de Mesa Central.
Este miércoles, la mesa de editoras del Rat Pack de Mesa Central, con Andrea Vial y Paula Comandari, analizó las nuevas aristas judiciales que vinculan a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco con el consorcio Belaz-Movitec; y la sorpresiva paralización del proyecto de Sala Cuna Universal en el Congreso.
Andrea Vial reveló detalles de la formalización de Ángela Vivanco que complican a los dueños de Belaz-Movitec, quienes habrían intentado influir en Codelco y la justicia tras perder un contrato de $17.000 millones. Según la declaración del abogado Eduardo Lagos, los empresarios Josip Sekul y Jaime Duch habrían contactado a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, bajo la premisa de que “puede sacarle el voto a la Ángela y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema”. La Fiscalía cuenta con registros de viajes conjuntos a México, España y Turquía entre la pareja y los empresarios, lo que permite construir una “presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Vivanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad”.
La trama escaló al punto que, según Vial, Vivanco no solo falló a favor de la empresa en múltiples recursos, sino que incluso “les sugería el tipo de recurso que debían presentar”. El caso se vuelve más alambicado tras conocerse que los empresarios intentaron contratar al yerno del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, para hacer lobby, lo que provocó que el alto ejecutivo montara “en cólera” al enterarse de que estaban utilizando a su familiar para llegar a él. La abogada Luppy Aguirre cuestionó ante el tribunal estas “coincidencias” en vuelos y estadías en el extranjero, sugiriendo pagos directos a través de tarjetas de crédito o beneficios de terceros.
Por su parte, Paula Comandari abordó el complejo escenario del proyecto de Sala Cuna Universal, que tras 15 años de tramitación volvió a quedar en punto muerto por falta de quórum en la comisión de Educación. El proyecto propone un fondo solidario financiado con un 0,1% de cotización adicional del empleador, lo que equivaldría a unos “$2.000 por trabajador”. Comandari denunció que, pese al acuerdo previo, el presidente de la comisión, Gustavo Sanhueza, no citó a sesión antes del receso legislativo, dejando a más de 150.000 mujeres fuera del sistema laboral por falta de acceso a cuidados infantiles.
La editora resaltó que la iniciativa no solo busca corregir una discriminación histórica, sino que es un motor económico, ya que “podría impulsar el crecimiento entre un 0,1% y un 0,8% solamente con la incorporación de la mujer al mundo laboral”. Ante las dudas sobre el impacto fiscal sembradas por el presidente electo José Antonio Kast y las críticas del economista Sergio Urzúa sobre la constitucionalidad del impuesto, Chile Mujeres respondió que el argumento no se sostiene. Con solo 11 días legislativos restantes en marzo, el proyecto sigue estancado debido a que “nadie quiere exponerse ni arriesgarse con una traba procedimental compleja”.
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