El Tribunal Constitucional desestimó la solicitud del Ejecutivo que buscaba revertir la resolución del Primer Tribunal Ambiental. Desde el Gobierno aseguran que seguirán evaluando opciones judiciales, mientras la empresa pide poner fin a las trabas.
El Tribunal Constitucional desestimó la solicitud del Ejecutivo que buscaba revertir la resolución del Primer Tribunal Ambiental. Desde el Gobierno aseguran que seguirán evaluando opciones judiciales, mientras la empresa pide poner fin a las trabas.
El Tribunal Constitucional rechazó, por cuatro votos contra uno, el requerimiento del Gobierno que buscaba revertir la decisión del Primer Tribunal Ambiental, el cual había anulado la resolución del Comité de Ministros que frenó el proyecto Dominga. El Ejecutivo alegaba un exceso de atribuciones por parte del tribunal, argumento que fue desestimado por la mayoría del TC.
Mediante un comunicado, el Ministerio del Medio Ambiente ―encabezado por Maisa Rojas― expresó su respeto por la resolución del Tribunal Constitucional y defendió la legalidad de sus actuaciones. Asimismo, indicó que se encuentran evaluando los pasos a seguir, “considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales”. En paralelo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, sostuvo que este fallo no representa un traspié para el Ejecutivo.
Desde Andes Iron, empresa responsable de Dominga, instaron al Gobierno a detener cualquier acción para retrasar la puesta en marcha del proyecto. Para la firma, no se puede continuar condicionando el desarrollo de una iniciativa que ha sido respaldada de forma rigurosa por los órganos competentes.
Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, aseguró que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos legales, afirmando que el proyecto ha demostrado en todas las instancias su cumplimiento estricto a la normativa ambiental.
En oposición al avance del proyecto, 53 diputados firmaron una declaración pública expresando su rechazo. Los legisladores acusaron que Dominga representa una amenaza grave para la biodiversidad del país, y recordaron que su historial ha estado vinculado a uno de los mayores escándalos de corrupción en Chile.
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