El libelo fue aprobado por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. De esta forma, si la Cámara Alta acoge la acusación, Pardow no podrá desempeñar ninguna función pública por 5 años.
El libelo fue aprobado por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. De esta forma, si la Cámara Alta acoge la acusación, Pardow no podrá desempeñar ninguna función pública por 5 años.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Acusación Constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, tras el escándalo por los sobre cobros de las cuentas de la luz.
El libelo fue aprobado por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. De esta forma, la Acusación Constitucional continuará su tramitación en el Senado.
Tras aprobarse la admisibilidad, el exsecretario de Estado aseguró que en los fundamentos de los diputados que apoyan la AC, "no hay una infracción a la constitución ni a las leyes, sino que hay críticas políticas".
Esta mañana, el extitular de Energía se hizo presente en la Sala junto a su abogado, Francisco Cox, y optaron por no presentar la cuestión previa, es decir, no hubo solicitud de declarar inadmisible la acusación.
Jaime Mulet, que presidió la comisión revisora, fue el encargado de exponer sobre el debate de la instancia que aprobó la procedencia de la acción, donde apuntó contra Pardow. "Me dirán que no he sido leal con el gobierno. La lealtad la entiendo de otra manera (...) No puede aceptarse que siga actuando en la función pública", comentó.
La moción acusa al exministro de infracción del deber de probidad administrativa por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas que significó un cobro adicional a los hogares de US$115 millones y el cobro extra de US$100 millones por parte de la compañía de transmisión Transelec.
En su exposición, Cox enfatizó que “lo que se está haciendo es pulverizar nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de derecho porque se está pasando a llevar la descentralización funcionaria”.
Si la Cámara Alta acoge la acusación contra Pardow, el exsecretario de Estado será inhabilitado por cinco años de ejercer cargos públicos y deberá dejar su trabajo en la Universidad de Chile, en la que es académico de la Facultad de Derecho desde el año 2008.