Sobre la indicación del Gobierno que busca pedir que instituciones de salud, previsión y educación entreguen información de migrantes irregulares en casos donde se verifique un proceso de expulsión, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, conversó con Iván Valenzuela, Daniel Mansuy y Jorge Navarrete en Los Columnistas de Mesa Central.
Sobre la indicación del Gobierno que busca pedir que instituciones de salud, previsión y educación entreguen información de migrantes irregulares en casos donde se verifique un proceso de expulsión, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, conversó con Iván Valenzuela, Daniel Mansuy y Jorge Navarrete en Los Columnistas de Mesa Central.
Sobre la indicación del Gobierno que busca pedir que instituciones de salud, previsión y educación entreguen información de migrantes irregulares, solo en casos donde se verifique un proceso de expulsión, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, conversó con Iván Valenzuela, Daniel Mansuy y Jorge Navarrete en Mesa Central.
Respecto al detalle de la indicación ingresada por el Gobierno, el subsecretario Pavez comentó que “la expulsión administrativa es un procedimiento administrativo, por lo tanto está sujeto a formalidades y a pasos. Todo proceso de expulsión parte con una notificación personal, que se encuentra en el domicilio que las personas que van a ser expulsadas le dan al Estado de Chile, que puede ser con ocasión de una auto denuncia. ¿Y cuál es el problema? Que cuando nosotros queremos notificar y empezar a echar a andar el proceso, las personas muchas veces cambian su domicilio, se van y no tenemos cómo continuar el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que está promoviendo el Gobierno? Algo muy sencillo. (...) Solo cuando se verifica un proceso de expulsión, la autoridad competente para llevar adelante ese procedimiento, que es la Policía de Investigaciones o el Servicio de Migración, cada uno dentro de sus competencias, cuando se haya abierto un proceso contra una persona, va a poder oficiar reservadamente a cualquier institución del Estado o a instituciones previsionales de educación y salud, pública o privada, esa es la propuesta nuestra, para saber si registran algún dato de las personas para poder hacerle las notificaciones respectivas”.
En ese sentido, la autoridad explicó que “la indicación dice que la información que se refiere, que puede ser teléfono de contacto, correo electrónico, domicilio, está sujeta a reserva y debe ser utilizada solo para los fines migratorios específicos, que es hacer efectivo y llevar adelante el procedimiento. Y no se puede, nuestra indicación lo dice, no puede implicar el tratamiento o comunicación de datos personales que no resulten adecuados o pertinentes para algo distinto que es facilitar el procedimiento de expulsión. Entonces, en definitiva, lo que nosotros necesitamos, y eso lo dijo el Presidente ayer, es saber dónde están las personas para poder materializar los procedimientos de expulsión. Aquí no hay una obligación de reporte ni de denuncia, eso no es así, nunca ha sido así, no está en el texto y yo me declaro sorprendido de que esa sea la lectura que se ha instalado, cuando la indicación está presentada, el texto es el que yo le planteo”.
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