En una nueva edición de Página 13, Consuelo Saavedra y Kike Mujica conversaron con las columnistas Andrea Vial y Paula Comandari sobre el ejecutivo chileno detenido por dichos racistas y homofóbicos, sumado a cómo funciona la legislación en Brasil. Además, comentaron la indicación migratoria que defiende el Gobierno que alertó a los sectores de salud y educación.
En una nueva edición de Página 13, Consuelo Saavedra y Kike Mujica conversaron con las columnistas Andrea Vial y Paula Comandari sobre el ejecutivo chileno detenido por dichos racistas y homofóbicos, sumado a cómo funciona la legislación en Brasil. Además, comentaron la indicación migratoria que defiende el Gobierno que alertó a los sectores de salud y educación.
En una nueva edición de Página 13, Consuelo Saavedra y Kike Mujica conversaron con las columnistas Andrea Vial y Paula Comandari sobre el ejecutivo chileno detenido por dichos racistas y homofóbicos, sumado a cómo funciona la legislación en Brasil. Además, comentaron la indicación migratoria que defiende el Gobierno que alertó a los sectores de salud y educación.
Comandari detalló el caso de Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de Landes. Durante un vuelo de Latam a Frankfurt el 10 de mayo, Naranjo Maldini profirió insultos con contenido discriminatorio y hostil a un sobrecargo brasileño, además de intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo. Su detención en Sao Paulo el 15 de mayo, durante una escala de regreso, ha generado un shock. Comandari señaló que Naranjo Maldini "arrastraba episodios bien agresivos y polémicos", incluyendo un incidente en 2013 con una amenaza de bomba contra "todos los musulmanes" y un evento en 2025 donde ofreció dinero a una funcionaria del Registro Civil. Su defensa argumenta que estaba bajo el efecto de un somnífero que le causó lagunas mentales.
La legislación brasileña es particularmente severa. "Desde 2023, Brasil equiparó la injuria racial (...) al delito de racismo", explicó Comandari, agregando que "en principio, lo que ocurre es que son delitos imprescriptibles y sin derecho a fianza". Las penas por discriminación varían de dos a cinco años. Adicionalmente, el intento de abrir una puerta de avión y la desobediencia a la tripulación, delitos contra la seguridad operacional aérea, también conllevan penas de hasta cinco años.
Por otra parte, Vial presentó la indicación para modificar la Ley de Migración y Extranjería que el Gobierno defiende. Esta propuesta busca "facilitar los trámites para expulsar a los irregulares", según el subsecretario Máximo Pavez. La justificación es que los afectados "cuando se va a materializar la resolución (...) el afectado desaparece", lo que impide la ejecución efectiva de las expulsiones.
La indicación más discutida es una que obliga a "todo órgano de la administración del Estado, (...) salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado" a entregar datos personales de extranjeros con procedimientos migratorios en tramitación, a la autoridad administrativa migratoria. La información se utilizará para fines migratorios específicos y será reservada.
La indicación ha sido criticada por expertos en derecho constitucional. Vial citó que se estaría "dejando al solo arbitrio de la administración la vulneración de un derecho fundamental, que es el respeto y protección a la vida privada", ya que la ley actual solo permite al Ministerio Público solicitar estos datos bajo una investigación penal y con autorización judicial. Esto genera "choques de leyes", según la columnista.
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