En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con el académico UAI e investigador principal de Nuevo Milenio, Arturo Arriagada, sobre el último informe Fairwork Chile 2023-2024 sobre los estándares laborales en la economía de las plataformas, un estudio que constata leves avances en las condiciones de trabajo de las aplicaciones de transporte y entrega.
En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con el académico UAI e investigador principal de Nuevo Milenio, Arturo Arriagada, sobre el último informe Fairwork Chile 2023-2024 sobre los estándares laborales en la economía de las plataformas, un estudio que constata leves avances en las condiciones de trabajo de las aplicaciones de transporte y entrega.
En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con el académico UAI e investigador principal de Nuevo Milenio, Arturo Arriagada, sobre el último informe Fairwork Chile 2023-2024 acerca de los estándares laborales en la economía de las plataformas, un estudio que constata leves avances en las condiciones de trabajo de las aplicaciones de transporte y entrega.
Para iniciar la conversación, el experto explicó que “lo interesante de la regulación de este tipo de trabajo que capta el interés de casi un 3% de la fuerza laboral del país y en el caso del transporte y el reparto, hoy en día tenemos alrededor de 60 mil personas realizando este tipo de actividad, principalmente en la Región Metropolitana. La regulación, si bien todavía adolece de cierto desconocimiento por parte de los trabajadores, ha permitido generar ciertos estándares mínimos en relación con las horas de trabajo y la posibilidad de acceder a beneficios sociales como la entrega de boletas”.
En ese sentido, Arriagada aseguró que en el estudio “pudimos constatar con la información (de Cabify) que ellos pagan no solo los ingresos que reciben las personas que prestan el servicio en esta aplicación, sino que obtienen un salario que es mayor al salario mínimo y un ingreso que es mayor a lo que se percibe como salario injusto. Nosotros pudimos acreditar que, en el caso de Cabify, ellos estaban por sobre este estándar”.
Con respecto a la dimensión de representación justa que se analiza en el informe, el académico de la de la Universidad Adolfo Ibáñez señaló que “lamentablemente no pudimos encontrar evidencia de que eso así ocurra. Hay interacciones, muchas veces, informales o estafas entre las distintas asociaciones que se han ido armando de trabajadores, ya sean conductores o repartidores, pero no necesariamente eso significa que sean reconocidas formalmente por las empresas”.
Para finalizar, Arriagada afirmó que “el problema es que se arriendan cuentas para acceder a este mercado. La empresa no sabe quién está prestando el servicio y quien lo presta está exento de cualquier tipo de protección o seguridad al realizar la actividad”. Con respecto a la Ley Uber, el académico indicó que “queda mucho por mejorar. Esta regulación tiene que apuntar a generar condiciones justas en el largo plazo para quienes prestan servicios a estas distintas empresas”.
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