En una nueva edición del Rat Pack, Iván Valenzuela junto a Angélica Bulnes conversaron con María Teresa González, CEO de StatkraftChile, sobre los retrasos que enfrenta el proyecto hidroeléctrico Los Lagos ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
En una nueva edición del Rat Pack, Iván Valenzuela junto a Angélica Bulnes conversaron con María Teresa González, CEO de StatkraftChile, sobre los retrasos que enfrenta el proyecto hidroeléctrico Los Lagos ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
En una nueva edición del Rat Pack, Iván Valenzuela junto a Angélica Bulnes conversaron con María Teresa González, CEO de StatkraftChile, sobre los retrasos que enfrenta el proyecto hidroeléctrico Los Lagos ante el Consejo de Monumentos Nacionales.
Sobre los proyectos de StatkraftChile en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, González señaló que “a pesar de que ya tenían una licencia ambiental aprobada, iniciamos un proceso de participación voluntaria para entender qué pasaba, especialmente porque es un territorio con alta presencia de comunidades indígena que para nosotros es de altísima importancia. Después de dos años, 400 reuniones, con comunidades indígenas y no indígenas, descubrimos que uno de los proyectos, el Proyecto Osorno, efectivamente tenía una afectación en un sitio de significación cultural mapuche huilliche y, en consideración a los pueblos originarios, este proyecto decidimos no llevarlo adelante y renunciamos voluntariamente a esa licencia ambiental y a esa inversión y además, restituimos todos los derechos de agua al Estado de Chile”.
Otro de los proyectos de la compañía es el de la central hidroeléctrica Los Lagos, que de acuerdo a la CEO de StatkraftChile “no tenía la misma afectación que el Proyecto Osorno (...) Iniciamos la construcción en 2019 y desde entonces inició una oposición bien sofisticada de dos comunidades que se opusieron al proyecto de manera bien activa, con apoyo de ONG, apoyo legal, iniciaron acciones legales y administrativas, también hemos tenido 23 ataques muy violentos al proyecto. Toda oposición es legítima, nadie tiene porqué estar de acuerdo con estas iniciativas de inversión, todo el que quiera hacer acciones legales está en su legítimo derecho, pero en este caso hemos tenido acciones de alta violencia: han atacado buses de contratistas con armas de grueso calibre, han incendiado buses de contratistas, hemos tenido explosivos dentro del proyecto”.
En esa línea, González relató que “se ordena la realización de una consulta indígena, con lo que no tenemos ningún problema. Fue decretada en 2021, van a ser tres años y la consulta recién empezó en diciembre del año pasado, es entre el Estado y las comunidades indígenas. Llevamos a estas alturas una etapa de un total de cinco y esa primera etapa fue suspendida, y no tenemos idea de cómo continúa el proceso, cuándo se retoma y cuánto va a durar (...) A principios del próximo año esa central va a ser un activo completamente terminado, disponible para generar una energía limpia en una zona que está súper estresada desde el punto de vista de la generación de energía. Es algo que no se entiende (...) Este proceso que debiera durar según la normativa chilena 120 días, tiene hoy día un timing que desconocemos y vamos a tener un activo completamente construido, que cumple con todos los permisos, que tiene su licencia ambiental y estamos detenidos por esto, con pérdidas que son gigantescas para la compañía”.
Sobre las demandas de las comunidades, la ejecutiva aseguró que “los restos arqueológicos son pedazos líticos y cerámicos pequeñitos, que habitualmente en los proyectos tienen un tratamiento conocido y normalmente uno pide permisos, se rescatan con arqueólogos y se disponen en museos en Chile. Estas comunidades están pidiendo que los restos se resguarden in situ, que no puedan ser removidos, eso es un precedente que sería nefasto no solo para este proyecto. Significa no poder operar la central y quedaría un activo construido, la inversión original es de 180 millones de dólares y solamente por este atraso producto del no otorgamiento del permiso del Consejo de Monumentos Nacionales tenemos un sobrecosto de 50 millones de dólares”.
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