En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con el diputado independiente - PPD e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jaime Araya, sobre la controversia que ha generado por la liberación de los 23 detenidos en Ovalle por delitos de tráfico de drogas.
En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con el diputado independiente - PPD e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jaime Araya, sobre la controversia que ha generado por la liberación de los 23 detenidos en Ovalle por delitos de tráfico de drogas.
En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con el diputado independiente - PPD e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Jaime Araya, sobre la controversia que ha generado por la liberación de los 23 detenidos en Ovalle por delitos de tráfico de drogas.
Para iniciar la conversación, Araya señaló que “son curiosas las resoluciones que se dictaron, prácticamente desconocer la posibilidad de lavado de activos, a lo menos, llama la atención. Esta situación en que un juez deja en libertad a una banda de 23 personas luego de una investigación de casi un año de investigación del Ministerio Público en una zona donde se está desarrollando un cartel de narcotráfico, eso es lo que está pasando en la IV Región”.
En ese sentido, el parlamentario aseguró que “valoro lo que ha hecho el Gobierno de decir que este juez está inhabilitado para seguir conociendo la causa. Tienen que entender los jueces que los funcionarios policiales y que los fiscales arriesgan su vida cuando se hacen estos procedimientos, sobre todo en estas zonas complejas, la policía arriesga la vida. Uno tiene el legítimo derecho de preguntarse qué ponderación hace un juez para tan livianamente dejar libre a 23 personas miembros de esta banda, que no digamos, estaban traficando un kilogramo de marihuana, es una cantidad industrial. La pregunta es de qué lado está ese magistrado”.
Consultado por la eventual distinción sobre los dichos del Ejecutivo en el marco del Caso Audios y el actuar del Gobierno en el Caso Ovalle, el diputado Araya afirmó que “son planos diferentes. Sin duda, siendo interviniente tiene la facultad, y está consagrado en la norma Procesal Penal, de hacer todas las acciones que estime pendiente con fines querellantes, hay distintos recursos procesales para inhabilitar a los jueces por distintas razones. Respecto a que el Gobierno opine de lo que ha pasado en la causa del señor Hermosilla, me parece que es absolutamente normal que no viola ninguna norma ni transgrede en nada. Hay una suerte de preciosismo de pensar que aquí nadie puede pronunciarse respecto a un caso de alto interés público”.
Finalmente, acerca de la apelación de la Fiscalía para intervenir en la decisión del juez del Caso Ovalle, el parlamentario miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana dijo que “la norma 149 señala que mientras no se resuelve la apelación, se mantiene la detención (...) En ese intersticio que se produce donde el Fiscal dice “apelo” y el juez puede conceder o no la apelación, yo no entiendo la razón en que la pudo haber negado porque claramente la norma es muy flexible y la tiene que conocer la Corte de Apelaciones”.
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