En una nueva edición de Doble Click, Mónica Pérez conversó con el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, sobre el estudio de Sociedad en Acción, que reveló una crisis en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tras el denominado Caso Convenios.
En una nueva edición de Doble Click, Mónica Pérez conversó con el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, sobre el estudio de Sociedad en Acción, que reveló una crisis en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tras el denominado Caso Convenios.
En una nueva edición de Doble Click, Mónica Pérez conversó con el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, sobre el estudio de Sociedad en Acción, que reveló una crisis en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tras el denominado Caso Convenios.
Para iniciar la conversación, el director del Centro de Políticas Públicas UC explicó que este trabajo “es un paso importante para entregarle a las autoridades de Gobierno, a la ciudadanía completa que las fundaciones lo están pasando mal, en definitiva, los beneficiados de esas fundaciones lo están pasando peor”.
Respecto al más del 80% que percibió un aumento del control burocrático del Estado, añadió que “estamos en un diálogo con la Dirección de Presupuesto, con parlamentarios que están en la Comisión Mixta de la Ley Presupuesto, pero el punto es crítico. Debe haber plazos para responder, nos ha pasado de que hay fundaciones que ya han rendido y han sido recibidos, pero se las vuelven a cuestionar y no le transfieren los dineros. Es una incertidumbre total”.
Para finalizar, Irarrázaval abordó el marco regulatorio que desde el Centro de Políticas Públicas UC han propuesto para dar soluciones, donde sostuvo que “se ha acordado que la boleta de garantía no debería superar el 5% del convenio total. Porque lo que estábamos viendo hasta ahora es que era totalmente discrecional, en algunos servicios te pedían 100%, incluso más. Es muy razonable que el Estado pida una garantía, pero no debe ser desmedida”.