En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con Andrés Cruz, abogado, ex fiscal del crimen organizado del Bío Bío y actual profesor de derecho procesal penal de la Universidad de Concepción, sobre las 42 indicaciones que buscan reformar la Ley Antiterrorista que se están discutiendo en el Congreso.
En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con Andrés Cruz, abogado, ex fiscal del crimen organizado del Bío Bío y actual profesor de derecho procesal penal de la Universidad de Concepción, sobre las 42 indicaciones que buscan reformar la Ley Antiterrorista que se están discutiendo en el Congreso.
En una nueva edición de Doble Click, Ramón Ulloa conversó con Andrés Cruz, abogado, ex fiscal del crimen organizado del Bío Bío y actual profesor de derecho procesal penal de la Universidad de Concepción, sobre las 42 indicaciones que buscan reformar la Ley Antiterrorista que se están discutiendo en el Congreso.
Respecto al desarrollo histórico que han tenido las reformas a la Ley Antiterrorista, el abogado señaló que “hay un aspecto que, a mi juicio, justifica la resistencia con este cuerpo normativo, un problema de arrastre histórico. Esta normativa se generó durante la dictadura civil militar para perseguir a grupos que tenían una postura contraria al gobierno de la época y obviamente también perseguía una ideología.”
En esa línea, el ex fiscal del crimen organizado del Bío Bío se refirió a la querella del Gobierno por el asesinato de los 3 Carabineros en Cañete y agregó que “lo que el Gobierno de turno haga interponiendo o no una querella es indiferente para el Ministerio Público. El Ministerio Público en estos momentos puede invocar las disposiciones legales que estime del caso ya que es un organismo autónomo. Si el Gobierno se querella por cualquier delito, tiene una trascendencia más política que efectiva”.
Por último, el abogado señaló que “no se tiene que legislar de forma reactiva, siempre estamos esperando a que pase algo para apurar la tramitación de determinados cuerpos normativos y eso puede hacer que salgan leyes con defectos técnicos que inclusive puedan afectar a aquellos que nosotros queremos beneficiar. Hay que ser cuidadoso, las leyes con nombre nunca han sido muy positivas dentro del marco de la política criminal”.
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