En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela conversó con los columnistas Carlos Gajardo y Karin Moore respecto a la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los hermanos Sauer y Darío Cuadra por facilitar facturas falsas por casi 13 mil millones de pesos asociados al caso Factop y el daño que produce la delincuencia en la economía nacional.
En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela conversó con los columnistas Carlos Gajardo y Karin Moore respecto a la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los hermanos Sauer y Darío Cuadra por facilitar facturas falsas por casi 13 mil millones de pesos asociados al caso Factop y el daño que produce la delincuencia en la economía nacional.
En una nueva edición de Página 13, Iván Valenzuela conversó con
los columnistas Carlos Gajardo y Karin Moore respecto a la querella presentada
por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra los hermanos Sauer y Darío
Cuadra por facilitar facturas falsas por casi 13 mil millones de pesos
asociados al caso Factop y el daño que produce la delincuencia en la economía
nacional.
Gajardo comenzó comentó que “la imputación que hace el SII
es que se entregaban estas facturas falsas a más de 100 empresas distintas”. En
ese sentido sostuvo que “estamos hablando de varias facturas diarias ingresadas”.
Además, el columnista declaró que necesitamos mejorar
nuestros sistemas de revisión y remarcó que con este caso “queda en entredicho las
capacidades fiscalizadoras” del ente tributario para dar con estos delitos.
Por otra parte, Moore dijo que desde que estalló la
filtración de los audios que dan cuenta del pago irregular a funcionarios de la
SII y la CMF “hemos visto una Fiscalía bastante proactiva”. Y en el caso del
trabajo del servicio, “todos esperábamos que una institución” como aquella “tuviese
una reacción” que estuviese a la altura.
En el segundo bloque, los columnistas se refirieron al estudio
de Clapes UC que da cuenta de que el daño económico de la delincuencia en el
país casi se duplicó entre 2013 y 2022. En específico, el gasto de los chilenos
asociado a delitos saltó 94% en diez años. Y como porcentaje del PIB, estos
subieron de un 1,4% en 2013 a un 2% en 2022.
Moore destacó el estudio, ya que “pone énfasis en contar con
políticas de prevención y una respuesta más efectiva” frente a las cifras de
victimización tan crecientes en Chile. Por otra parte, Gajardo complementó los
dichos de la columnista indicando que “es notable el gasto privado en términos
de seguridad”.
Además, añadió que “es muy discriminador porque el que tiene
mayor dinero tiene mayor accesibilidad” lo que lleva a que ciertos sectores
estén con mayor seguridad que otros sectores, transformándose en una muestra de
inequidad.
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