Sobre el posible nacimiento, en el último tiempo, de la “derecha woke” en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el proyecto de ley anti filtraciones que tiene como objetivo que no se difundan investigaciones penales, Ramón Ulloa conversó con Paula Escobar y Paula Comandari, en una nueva edición de Rat Pack de Mesa Central.
Sobre el posible nacimiento, en el último tiempo, de la “derecha woke” en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el proyecto de ley anti filtraciones que tiene como objetivo que no se difundan investigaciones penales, Ramón Ulloa conversó con Paula Escobar y Paula Comandari, en una nueva edición de Rat Pack de Mesa Central.
Sobre el posible nacimiento, en el último tiempo, de la “derecha woke” en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el proyecto de ley anti filtraciones que tiene como objetivo que no se difundan investigaciones penales, Ramón Ulloa conversó con Paula Escobar y Paula Comandari, en una nueva edición de Rat Pack de Mesa Central.
Respecto a los rasgos e ideales en común de la izquierda y derecha woke, Escobar señaló que “en primer lugar en definir un grupo oprimido de la sociedad, en el caso de la izquierda woke era la población LGBT, las mujeres y especialmente la discriminación racial como una prioridad desde la política pública (...) entonces la derecha woke cree que el liberalismo internacional o el globalismo está atacando a los hombres blancos heterosexuales y cristianos, entonces ese es el grupo oprimido que hoy día debe ayudar, teniendo una prioridad sobre ellos. En segundo lugar, está el anti elitismo que es un rasgo bien característico de la ideología trumpiano, en eso incluye el Foro Económico Mundial de Davos que es una de sus targets, e incluye también las personas de las universidades, especialmente de las Ivy League”.
Por su parte, Comandari se refirió al funcionamiento de aplicación si es que se aprueba la ley de anti filtración, sobre esto indicó que “en el papel el objetivo parece adecuado, resguardar el debido proceso, proteger la privacidad de los imputados y evitar la instrumentalización de las causas penales. Sin embargo, el proyecto ingresado al Senado terminó desatando una tormenta porque lo que deja establecido es que podría castigar con cárcel o multas significativas, que van desde los 36 a 39 millones de pesos, a quienes difundan información reservada, incluso si son periodistas”.