En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con las editoras Angélica Bulnes y Mónica Pérez sobre la polémica por la discusión del presupuesto para el Ejército a raíz de los dichos del general Iturriaga y del controvertido dictamen de Contraloría por el concepto de confianza legítima de los funcionarios públicos.
En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con las editoras Angélica Bulnes y Mónica Pérez sobre la polémica por la discusión del presupuesto para el Ejército a raíz de los dichos del general Iturriaga y del controvertido dictamen de Contraloría por el concepto de confianza legítima de los funcionarios públicos.
En una nueva edición del Rat Pack de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con las editoras Angélica Bulnes y Mónica Pérez sobre la polémica por la discusión del presupuesto para el Ejército a raíz de los dichos del general Iturriaga y del controvertido dictamen de Contraloría por el concepto de confianza legítima de los funcionarios públicos.
Para iniciar la conversación, Pérez se refirió a la partida presupuestaria para el Ejército, que se encuentra en discusión en el Congreso, y señaló que “no estamos hablando de que todo el Ejército este desfinanciado. La tropa y los conscriptos son el porcentaje menor del Ejército chileno, que tiene entre 40 y 45 mil integrantes entre oficiales, suboficiales, personal civil, tropa profesional y conscriptos. La ministra Fernández descarta enfáticamente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas y no solamente ella, el ministro Marcel y la ministra Vallejo se han abocado a aclarar a la ciudadanía que el Ejército está financiado 100%, de hecho, me reiteraron que con el presupuesto regular si se pagan todos los conscriptos y la tropa profesional que las instituciones son capaces de reclutar, no el tope, porque no hay más interés por postular”.
En tanto a los dichos del comandante en jefe del Ejército, Pérez afirmó que “el general Iturriaga reconoció en la comisión que hay que mejorar los incentivos, pero también dijo que si pudiera hacer un llamado cada seis meses tendría más soldados, pero que no tiene plata para hacer más llamados. Lo que me llama la atención, y nadie aclara, es que el servicio militar es obligatorio en Chile, es decir, los primeros cupos se llenan con los voluntarios, no sé por qué el Gobierno cita el interés como un impedimento para llenar las plazas de conscriptos, porque la verdad es que se podría hacer de manera obligatoria”.
Por otra parte, Bulnes abordó las primeras acciones de la nueva contralora general de la República y manifestó que “Dorothy Pérez barrió con la principal doctrina administrativa que dejó su antecesor y archienemigo, Jorge Bermúdez. La reacción del excontralor Bermúdez al dictamen e561358, que aborda el principio de la confianza legítima, no la conocemos pero si la de la ANEF y la CUT que fueron a protestar a la Contraloría para que revierta la medida, mientras que el Partido Comunista dice que esto va a conducir a una precarización absoluta del empleo público. La explicación empieza por considerar la estructura del empleo público en nuestro país, regido por el estatuto administrativo de 1989, que define tres modalidades: la planta, los cargos permanentes y que son casi inamovibles; están los honorarios que hacen servicios esporádicos; y los contrata, empleos de carácter transitorio que se acaban los 31 de diciembre de cada año”.
Sobre el polémico dictamen de Dorothy Pérez, Bulnes explicó que “los trabajadores a contrata, que se han vuelto cada vez más, hace años que empezaron a buscar maneras para protegerse y una de esas medidas fue acudir a Contraloría cuando no se les renovara el contrato. Ante eso, en 2016, Jorge Bermúdez fue creando una doctrina a través de dictámenes, según esta, cuando a un funcionario a contrata le renuevan una y otra vez su trabajo, se genera en esos trabajadores la confianza legítima de que tal práctica seguirá reiterándose en el futuro (...) La alternativa de ir a Contraloría ya no es opción, ya que la nueva Contralora determinó que dado existen dos criterios, el de dos años de Contraloría y el de cinco años de la Corte Suprema, se ha vuelto un asunto litigioso, es decir, que es materia de conflicto judicial y en eso implica que no tienen que verlo ello sino que tiene que estar radicado en tribunales”.
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