Sin afectar los procesos actualmente en curso, la iniciativa del Gobierno para reformar el sistema político eleva las exigencias para formar partidos, modifica el acceso al financiamiento público y regula los comités parlamentarios.
Sin afectar los procesos actualmente en curso, la iniciativa del Gobierno para reformar el sistema político eleva las exigencias para formar partidos, modifica el acceso al financiamiento público y regula los comités parlamentarios.
El Ejecutivo ingresó al Senado su reforma a la política, con el objetivo de reducir la fragmentación parlamentaria y reforzar los estándares de representación. La iniciativa fue presentada por los ministros Macarena Lobos (Segpres) y Álvaro Elizalde (Interior).
El proyecto introduce cambios clave en la Ley de Partidos Políticos. En primer lugar, aumenta de tres a ocho las regiones donde una colectividad debe tener presencia para su legalización. Estas regiones podrán ser contiguas o no.
También se duplica la cantidad de firmas necesarias para legalizar un partido, retomando las condiciones vigentes antes del proceso de refichaje impulsado años atrás, con lo que se busca garantizar mayor representatividad.
Otro punto relevante es que quienes participen en la fundación de un partido no podrán postular como candidatos por otra colectividad en un plazo de cuatro años, aún si su partido no se formaliza.
En materia de financiamiento, la reforma elimina beneficios estatales a partidos sin representación en el Congreso. El titular de Interior, Álvaro Elizalde, aclaró sin embargo que la reforma tendrá efecto hacia adelante. “No va a cambiar las reglas del juego respecto de las elecciones en curso", aseguró.
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