El que no tiene respiro es el Gobierno que está rodeado de emergencias. La decisión de la justicia de ordenar el desalojo perentorio de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio el próximo 27 de febrero puso al Gobierno bajo una presión imposible.
El que no tiene respiro es el Gobierno que está rodeado de emergencias. La decisión de la justicia de ordenar el desalojo perentorio de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio el próximo 27 de febrero puso al Gobierno bajo una presión imposible.
El que no tiene respiro es el Gobierno que está rodeado de emergencias. La decisión de la justicia de ordenar el desalojo perentorio de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio el próximo 27 de febrero puso al Gobierno bajo una presión imposible. En el lugar viven unas 10 mil personas, el equivalente a la comuna de Huasco o Petorca y el Gobierno no tiene ni las viviendas donde re-localizarlas o los carabineros para desalojarlas.
El ministro Carlos Montes intentará nuevamente el próximo lunes convencer a los dueños del terreno que acepten venderlo a los pobladores asociados en una cooperativa que están constituyendo porque no hay ninguna posibilidad de que el Estado lo compre, a la vez que pedirán más plazo a la justicia. Pero como los fallos se cumplen, en paralelo, el Ministerio del Interior se prepara para cumplir con el procedimiento.
Otro ministro al que febrero se le está haciendo cuesta arriba, es al ministro de Hacienda, Mario Marcel. En medio del debate por el déficit fiscal y excesivo gasto público, The Clinic destapó los desconocidos traspasos de Corfo al Gobierno por 3,4 billones de pesos el 2023 y que implicaron venta de patrimonio fiscal. El Ministerio de Hacienda emitió anoche un comunicado defendiendo la legalidad y transparencia de los millonarios traspasos, pero la oposición ya anunció una comisión investigadora.
Y por si esto fuera poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó ayer al Estado chileno por las malas condiciones de detención de 271 jóvenes alojados en diversos centros entre el 2006 y el 2009 y la muerte de diez de ellos en un incendio en uno de Puerto Montt el 2007. En la sentencia se ordena al Estado chileno mejorar las condiciones de privación de libertad de los adolescentes, comunicar al tribunal la creación, de la anunciada de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación del SENAME y pagar indemnizaciones a las víctimas.
En el ámbito internacional, el Criptogate sigue manteniendo al presidente Milei en vilo. Ayer el riesgo país se acercó a los 700 puntos, justo cuando el gobierno trasandino negocia un nuevo acuerdo con el FMI y hasta el propio aliado del mandatario, Mauricio Macri, no quedó satisfecho con las explicaciones de Milei y calificó como una estafa el movimiento de Libra pidiendo una investigación exhaustiva.