En una nueva edición de Conexión, Mónica Pérez y Ramón Ulloa conversaron con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento presentado por la oposición para evitar la promulgación de la Ley Integral de Violencia de Género.
En una nueva edición de Conexión, Mónica Pérez y Ramón Ulloa conversaron con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento presentado por la oposición para evitar la promulgación de la Ley Integral de Violencia de Género.
En una nueva edición de Conexión, Mónica Pérez y Ramón Ulloa conversaron con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento presentado por la oposición para evitar la promulgación de la Ley Integral de Violencia de Género.
Un grupo de parlamentarios de la UDI, RN, Republicanos, PDG y el Partido Social Cristiano buscaban que se declarara inconstitucional el artículo 12 de esta normativa. Sobre esto, Orellana señaló que “estamos muy satisfechas. Este no era un punto medular del proyecto, de hecho era parte de un artículo que refería a medidas generales para la prevención, pero este proyecto ya llevaba siete años de tramitación, por lo tanto, el poder hoy día estar a un paso de promulgarlo, es por supuesto motivo de satisfacción”.
Respecto a la legislación, la secretaria de Estado sostuvo que “una cuestión muy novedosa a nivel internacional es incorporar a los niños como víctimas y no solo como testigos de la violencia de género”. Además, la autoridad abordó el fallo del TC, detallando que “lo que señala es que este artículo 12 es constitucional, es decir, que no vulnera ni el derecho preferente de los padres ni la libertad de enseñanza, sino que por el contrario lo que hace es fortalecer la obligación de la educación de establecer una formación sin perjuicios”.
Por último, Orellana indicó que “nuestra siguiente prioridad legislativa es el proyecto de sociedad conyugal, que lleva 14 años de discusión, en el que buscamos establecer la igualdad jurídica, porque hasta el día de hoy la sociedad conyugal establece que las mujeres casadas bajo esa figura son incapaces relativas, en la medida que tienen que pedir autorización del marido para administrar sus propios bienes”.
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