En una nueva edición de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, sobre la discusión de la Ley de Pesca y los efectos negativos que visualizan para la zona.
En una nueva edición de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, sobre la discusión de la Ley de Pesca y los efectos negativos que visualizan para la zona.
En una nueva edición de Mesa Central, Iván Valenzuela conversó con la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, sobre la discusión de la Ley de Pesca y los efectos negativos que visualizan para la zona.
Para iniciar la conversación, la presidenta del organismo gremial abordó el atraso en la tramitación de la normativa, donde señaló que “frente a esta demora que estaba ocurriendo por parte del Ejecutivo, ellos sacan el artículo de fraccionamiento para discutirlo aparte. Y el fraccionamiento, es la distribución entre el sector artesanal y el sector industrial por las cuotas de pesca, pero en particular en el proyecto eran 12 pesquerías cuando en Chile son más 100 pesquerías en que participa el sector artesanal, de manera exclusiva, y en estas 12 comparte con la pesca industrial, por ejemplo el jurel es una pesquería”.
En ese sentido, la ingeniera civil químico agregó que “ese fraccionamiento de 2012 entregó cuotas al sector artesanal y se acordó que tenía que tener una vigencia hasta 2032, cosa que hoy no se está respetando. Ese punto es muy relevante porque se le da la opción a las empresas que tenían autorizaciones indefinidas en cambiarlas por licencias transables de pesca, pero sujetos a ciertas condiciones: la distribución que iba a estar vigente hasta 2032, que se iba a licitar un máximo del 15% de la cuota industrial, y que las licencias iban a tener una vigencia de 20 años con la posibilidad de ser renovadas. Eso, que son atributos esenciales del derecho de propiedad con que las empresas ejercen su operación, hoy se está desconociendo y se quiere anticipar su término una vez que se publique la actual ley”.
Consultada por el fraccionamiento que propone la nueva Ley de Pesca, Cepeda declaró que “por parte del Ejecutivo reconocen que se les escapó de las manos el proyecto de fraccionamiento porque lo que se terminó aprobando en la Cámara de Diputados fueron distribuciones distintas a lo que se había planteado por el Ejecutivo en el proyecto original (...) La discusión que se observó en la Cámara de Diputados hizo recordar el proceso constituyente. Aquí no primaron argumentos técnicos, no hubo interés por entender cuáles eran las realidades pesqueras de las distintas regiones, hubo argumentos bastante ideológicos y distorsionados para avanzar hacia una modificación de ley que, como la vemos, va a tener efectos muy negativos en el empleo y la inversión”.
Respecto a los efectos que podría provocar en el empleo, Cepeda enfatizó que “con la crisis de la siderúrgica Huachipato, se estima que el desempleo, debiera crecer 3 puntos más. Entonces, cuando vemos que estamos en una crisis socioeconómica en algunas regiones del país y vemos que el Gobierno insiste en discutir iniciativas programáticas que obedecen a una realidad país de más de dos años atrás (...) Estamos estimando que de prosperar el proyecto tal cual, esto podría significar cerca de 1.600-1.800 empleos que se perderían en la Región del Biobío (...) Además de todo el efecto económico que tendría el proyecto de ley, también aquí hay vulneración a los derechos de propiedad con las que operan las empresas. Por lo tanto, de prosperar el proyecto estamos visualizando litigios con el Estado que no queremos que ocurran”.
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