En una nueva edición de Mesa Central, Ivan Valenzuela conversó con la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, sobre el anuncio de una nueva cárcel de seguridad y su repercusión para contrarrestar el crimen organizado.
En una nueva edición de Mesa Central, Ivan Valenzuela conversó con la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, sobre el anuncio de una nueva cárcel de seguridad y su repercusión para contrarrestar el crimen organizado.
En una nueva edición de Mesa Central, Ivan Valenzuela conversó con la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, sobre el anuncio de una nueva cárcel de seguridad y su repercusión para contrarrestar el crimen organizado.
Para iniciar la conversación, la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado aludió al anuncio del Ejecutivo para la construcción de una cárcel de máxima seguridad, señalando que “nosotros como Fiscalía llevamos un tiempo señalando que es una necesidad porque el régimen de una cárcel de máxima seguridad para los líderes de bandas criminales impiden que las organizaciones sigan trabajando. Porque una cárcel tradicional, como funciona actualmente las cárceles chilenas, hay regímenes de visitas periódicos y esos regímenes tradicionales no son oportunos para líderes de organizaciones criminales y bandas delictivas”.
En ese sentido, Gajardo sostuvo que “la construcción de una nueva cárcel tendría que implementar mejores protocolos y otras formas de trabajo desde Gendarmería y cómo se mira la privación de libertad en este tipo de situaciones para que evitemos lo que estuvimos viendo en el mes de junio. Así como la Fiscalía ha tenido que cambiar formas de trabajo, la creación de los equipos ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), todas las instituciones tenemos que mirar hacia dentro y ver cómo enfrentar el desafío nuevo. Entre ellos, Gendarmería es un actor principal, las organizaciones criminales y transnacionales son básicamente carcelarias, entonces la cárcel no es un actor indiferente en esto”.
Por otro lado, y respecto a la repercusión del encarcelamiento de los líderes criminales en penitenciarios tradicionales, la profesora en Derecho Penal de la Universidad Católica, afirmó que “si uno piensa en la literatura internacional respecto de la organizaciones criminales, cuando estas empiezan a ser descabezadas, los líderes están privados de libertad, los de abajo empiezan a pelearse el territorio (...) En los países donde baja la tasa de homicidios en relación al crimen organizado, en general las organizaciones ya se asentaron y no están peleando territorio. No es un buen síntoma”.
Para finalizar, Gajardo se refirió a las órdenes de desmantelamiento material de las organizaciones criminales, asegurando que “no tenemos organismo de administración de bienes incautados y decomisados en Chile. En la práctica, un fiscal en una investigación puede pedir la incautación de bienes inmuebles y muebles, pero luego no hay quien se haga cargo de ello. Si los vehículos no son entregados a destinación a las policías, la Fiscalía tiene que pagar el bodegaje de esos vehículos, se deprecian". Además, puntualizó sobre la protección de testigos que “tenemos un régimen actual y otro que va a empezar a regir cuando la Ley de Reincidencia salga del Tribunal Constitucional. Trae justamente nuevas normas de protección a testigos. Los recursos actuales para el Ministerio Público y para la protección de testigos es insuficiente, como Estado de Chile no tenemos casas de seguridad para víctimas de crímenes organizados”.
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