La controversia por las autorizaciones a condenados e imputados por delitos de extrema gravedad concedidas por un juez de garantía debería revivir en esta jornada. Ex-Ante.cl entrega esta mañana dos datos perturbadores. Uno, que el juez Daniel Urrutia autorizó una visita conyugal, que debe ser realizada en un recinto distinto al de la cárcel de alta seguridad, a un condenado por tráfico de drogas que tiene como abogado al mismo profesional que ha representado al juez varias veces. O sea, comparten abogado con el beneficiado. Y que además, otorgó el permiso para una videollamada a un condenado por el mismo delito de tráfico para que converse con su padre, que está con varias condenas encima por delitos similares en otro penal. No solo eso, ambos tienen condenas por delitos cometidos desde la cárcel, usando ilegalmente teléfonos desde sus encierros. ¿Es este asunto de las videollamadas un asunto de colisión de derechos, de responsabilidad o no de los jueces en materia de seguridad, o un problema más bien de cómo determinadas órdenes tienen evidentes riesgos de servir para la continuidad delictiva o reflejan un evidente conflicto de intereses?
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