El debate jurídico y técnico detrás de la decisión del Gobierno de rebajar condenas a delincuentes sentenciados por abuso de menores

Este lunes, en Los Columnistas de Mesa Central, Iván Valenzuela y Kike Mujica conversaron con Carolina Tohá y María José Naudon sobre el debate jurídico y técnico que hay detrás de la decisión del Gobierno de rebajar las 56 condenas. Además de la posibilidad de presentar una Acusación Constitucional al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

Naudon indicó que el Ejecutivo obró en base a la Constitución y que aún se debe establecer si la decisión forma parte de un derecho o de un beneficio, de ser el primero “no puede ser retirado de manera retroactiva por nuestra estructura jurídica”. Explicó que la Corte evalúa los problemas legislativos y que, como no ha ocurrido, se podría decir que el tema está zanjado. Además, parecía que “lo ponen como un gobierno que estuviera favoreciendo racionalmente y decididamente a violadores, cosa que me parece una injusticia absoluta”.  

Tohá comentó que esta doctrina lleva vigente tres gobiernos y que es durante esta administración que sufrió un cambio de interpretación. La ex candidata presidencial se preguntó por qué se apostó por un entendimiento que le da el beneficio a condenados por abusos sexuales de menores y no otro. También desarrolló que la ley dice que "los condenados por abusos sexuales de menores no tendrán acceso a este beneficio. No había duda alguna de que esto se aplicaba, no solo hacia adelante, sino también hacia atrás". 

Naudon agregó que para una posible acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se debe ver el mérito jurídico. Añadió que la decisión técnica fue guiada en base a la ley penal, que tiene una aplicabilidad irretroactiva. El columnista sostuvo que “la decisión fue alinearse con el espíritu y con la decisión contundente de la corte” , para complementar su punto recordó los fallos del Poder Judicial ocurridos durante el Gobierno del ex presidente Gabriel Boric. 

En tanto, Tohá señaló que las intenciones y sentimientos del ministro no son relevantes y que no hay forma de justificar la obligatoriedad de la decisión en base a los fallos de los tribunales, pues su jurisprudencia varía . "Además, aquí hay una ley que se autoriza unánimemente, que dice que estas personas no tendrán el beneficio y el ministro está obligado a cumplir la ley. Otra cosa es que el tribunal considere, por principios generales de la constitución, que en ese caso no es aplicable la norma, pero quien lo tiene que zanjar es el tribunal", sostuvo.

¿Quieres ser parte de La Bancada de Tele13 Radio? ¿Recibir la mejor Información Esencial, tener acceso a nuestro contenido, participar en concursos y obtener beneficios exclusivos? Inscríbete AQUÍ .